INDESEABLE…

INDESEABLE…

Desde unos 25 años, nuestro planeta ha vivido una expansión casi descontrolada de la actividad acuícola. La acuicultura incrementó su aporte a la producción pesquera mundial y continuó siendo una de las actividades de producción de alimentos con mayor ritmo de crecimiento en todo el mundo.

Uno de los factores que la han validado es que actuaría como factor de equilibrio ante los efectos de la sobrepesca que ha extinguido los recursos en territorios completos con la pesca de arrastre.

Pero si bien esto ha significado grandes inversiones, puestos de trabajo y actividad comercial, en todas partes donde se ha instalado, sus efectos han sido perjudiciales al medio ambiente y otras actividades productivas.

Asia es el continente que más acuicultura desarrolla, y también donde los equilibrios ecológicos se mueren por la difusa regulación existente.

La acuicultura fue vista como la salvación económica de Grecia, y ahora  exporta aproximadamente el 80 por ciento de su producción acuícola, principalmente a Italia y España. El pescado, principalmente lubina y dorada cultivados, constituye el tercer rubro de exportación agropecuaria, tras el aceite de oliva y el tabaco, y por tanto el gobierno griego lo considera como un producto estratégico. Para el cultivo se emplean jaulas marinas principalmente y los costos de producción se encuentran entre los más bajos de Europa. Los sitios de producción se localizan en todo lo largo del litoral griego, pero prevalecen en las regiones centrales cercanas a la mejor infraestructura y las rutas de exportación.

Podríamos decir se parece a Chile. Pero el deterioro de las costas frenó el desarrollo del turismo que por décadas sostuvo la vida de islas, ciudades y villas de pescadores.

La industria se defiende mostrado las regulaciones ambientales en países como Noruega o Escocia, pero estos son territorios geográficamente pequeños y donde la diversidad productiva de sus costas no está en riesgo, como ocurre en las costas chilenas, donde los efectos son conocidos :

– Acumulación de materia orgánica por heces y alimento.

– Dispersión de fármacos (antibióticos, fungicidas y compuestos antiparasitarios).

– La fuga masiva de peces.

– Trasmisión de enfermedades a especies aledañas.

– Modifica número y composición de especies locales.

– Alteran las condiciones fisicoquímicas (N, P, C, O2).

Por ello, en estos días vemos al sur de Chile rechazando la llegada del  wellboat “Seikongen”  que se volcó el año pasado, con alrededor de 60.000 litros de petróleo y más de 200 toneladas de salmón en la bahía de Chonchi, Chiloé, y que actualmente ha llegado a Puerto Montt tras protestas en Ancud, impedido judicialmente de arribar a Talcahuano donde se le destinó para extraer su carga descompuesta.

Tampoco lo quiere Calbuco. En la región de Los Ríos, los alcaldes de Paillaco, María Ramona Reyes, y de Futrono, Claudio Lavado, ingresaron  sendos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia, con el objetivo de evitar la llegada de cerca de  esas 200 toneladas de salmones descompuestos al vertedero de la empresa Rilesur, ubicado en la localidad de El Llolly.

En el intertanto, en la región del Biobío alcaldes de Coronel, Hualpén, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Lota, Tomé y Penco buscan frenar iniciativas salmonicultoras que planean instalarse en el Golfo de Arauco, estudiando acciones legales para proteger el ecosistema y la pesca artesanal.

Recientemente tuvo lugar  el “Primer Encuentro Regional Sobre Empleo y Trabajo Decente en la Salmonicultura Chilena”, al que convocó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Llanquihue, donde se comprobó que a pesar que las exportaciones de la industria del salmón muestran resultados favorables para las empresas del sector, ese beneficio no estaría siendo traspasado a sus trabajadores.

Y es que la legislación chilena actual parece más reformas para adecuar los impactos de la industria, que regular un país sustentable y deseable en el largo plazo. Son ajustes al daño causado y no en función del beneficio que se pretende lograr.

Se necesita una nueva Ley de Pesca que delimite los impactos socio ambientales de esta actividad. Una Ley consensuada con la ciudadanía y no al diseño de los grupos industriales que financiaron parlamentarios y partidos para que les crearan un traje a la medida, y asegurar su interés corporativo por sobre territorios y comunidades.

Por esto, los ecologistas venimos postulando medidas regulatorias, como por ejemplo, incorporar la participación ciudadana en la fiscalización de los permisos ambientales concedidos a través del SEA y también mecanismos para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de normas y Planes de Descontaminación.

Establecer la figura de “responsabilidad objetiva por daño ambiental” y, la figura legal del delito ecológico.

Establecer un proceso de ordenamiento territorial estratégico a nivel regional y nacional, velando por las áreas protegidas, la protección de las cuencas hidrográficas, la calidad del aire, los valores ambientales y paisajísticos, la compatibilidad entre sectores y emprendimientos productivos y la conectividad armónica entre los territorios urbanos y rurales.

Porque no es posible avanzar ni convivir con una actividad productiva que se transforma en INDESEABLE para los territorios.

SUMATE AL BUEN VIVIR..!