Ley del saco, ley del pillo.

Ley del saco, ley del pillo.

Por:

Alejandro San Martín

Presidente Regional Bío Bío

Partido Ecologista Verde

www.alejandrosanmartin.cl


El pasado 17 de septiembre entró en vigencia la denominada ley del saco, que en esencia reduce el peso máximo a manipular por un trabajador de 50 a 25 kilogramos. Algunas experiencias personales me llevan a reflexionar sobre algunas consecuencias no esperadas de dicha ley.

Hace algunos días, conversando con una locataria de un puesto en una feria libre en la ciudad de Concepción, ésta se quejaba amargamente del precio del nuevo saco de zanahorias pues ahora el saco de 25 kg se lo estaban vendiendo al mismo precio del antiguo saco de 50 kg, es decir un alza real del 100% en el precio. Un tanto escéptico, comencé a averiguar sobre otros productos hortofrutícolas y la tendencia es la misma: desde la entrada en vigencia de la ley del saco, los precios reales han subido entre un 50 y un 100%.

Uno podría pensar que esto se da en un mercado un tanto informal, pero al analizar lo que ha pasado con otros productos mucho más industrializados como el cemento, basta cotizar en las principales cadenas ferreteras para darse cuenta que allí donde antes se vendía un saco de cemento de 42,5 kg en alrededor de 5.000 pesos, ahora el nuevo saco de 25 kg se vende en 3.800 pesos, es decir un alza real del 30%. ¿Hay algo que justifique estas alzas?. Más allá de un minúsculo aumento del costo de envasado y manejo, no hay ninguna razón que justifique este nivel de alzas, salvo, claro está, la codicia y ambición de algunos.

Algo similar ocurrió con la entrada en vigencia de la ley de estacionamientos, donde en la práctica, una hora de estacionamiento pasó de costar 600 a 1.200 y hasta 2.000 pesos. Nuevamente una codicia desmedida.

Más allá de condenar y denunciar la codicia de los mayoristas hortofrutícolas o ferreteros, así como concordar con la “crisis de honestidad” anunciada por Humberto Maturana hace algunos días, cabe demandar de nuestros legisladores un análisis más profundo de las consecuencias que las leyes que aprueban tienen sobre la gente de trabajo y los ciudadanos comunes, así como demandar de parte del gobierno de una mayor fiscalización de prácticas que si no lo son, limitan derechamente con la usura.