Alejandro San Martín: “Impuestos verdes a vehículos: Buena idea, mala implementación”

Por Alejandro San Martín, Ingeniero Civil Metalúrgico y Consejero Nacional Región del Bío Bío.

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El impuesto implementado será de muy bajo impacto y probablemente genere la idea en el ciudadano común de la inutilidad de dichos impuestos.

Este lunes 29 comenzó el cobro del denominado “Impuesto Verde” a la venta de vehículos nuevos. El concepto de impuesto verde no es nuevo y está muy bien intencionado, esto es, generar un cambio conductual y/o tecnológico en el patrón de consumo de cierto producto o servicio. En este caso se busca que los consumidores o bien elijan automóviles más eficientes y menos contaminantes al momento de adquirir uno nuevo o bien que prioricen otros medios de transporte, idealmente colectivos.

El impuesto verde implementado en nuestro país considera tres variables: el rendimiento urbano del vehículo (cuántos kilómetros recorre con un litro de combustible), su emisión de gases de óxidos de Nitrógeno (cuántos gramos de NOx se emiten por kilómetro recorrido) y el precio del vehículo. Las dos primeras variables no deberían suscitar mayor controversia, ya que el rendimiento del vehículo está directamente relacionado con su emisión de CO2, el principal gas contribuyente al efecto invernadero y al calentamiento global (una amenaza real y concreta para nuestro país) y los NOx son una importante fuente de contaminación local con directa relación con la salud pública de nuestra población urbana. Cabe mencionar que los vehículos diesel emiten hasta 100 veces más NOx que los híbridos o bencineros de baja cilindrada. La tercera variable, el precio, es bastante más discutible, ya que se verán castigadas las nuevas tecnologías (como los híbridos) que contaminan menos, pero aún son caros. Como no existe una relación directa entre precio y desempeño ambiental, por este factor pagarán justos por pecadores. Considerando estas tres variables, el impuesto real que pagarán los automóviles irá desde 30 mil pesos para los más eficientes (y a sólo a veces baratos) hasta casi 1 millón de pesos para los más contaminantes (y generalmente, pero no siempre, más caros). Un aspecto importante es que esto se pagará una sola vez, independiente de cuánto se utilice el vehículo (y por lo tanto cuánto se contamine) ni qué tan viejo e ineficiente se vuelva con el tiempo.

Una cuestión central respecto a los impuestos verdes es que por su naturaleza, como se dijo anteriormente, inducir un cambio conductual y/o tecnológico, la recaudación de éstos deberían ser decrecientes en el tiempo. En este caso, por ejemplo, si todos comenzáramos a comprar automóviles eléctricos (exentos de pago), la recaudación del impuesto sería igual a cero. Es por este motivo que parece una mala idea incluir este impuesto dentro de una reforma tributaria que pretende generar ingresos permanentes para gastos permanentes, como la educación. Como no podemos asumir ignorancia técnica de parte de las autoridades que formularon la ley, ni de las que la aprobaron, debemos concluir que lo hicieron a sabiendas que el impuesto será ineficiente en cuanto a su objetivo, se mantendrán los patrones de consumo y, por lo tanto, la recaudación será creciente en el tiempo.

En resumen, el impuesto verde implementado será de muy bajo impacto y probablemente genere la idea en el ciudadano común de la inutilidad de dichos impuestos. Así como el impuesto específico a los combustibles se mantuvo a pesar de perder su razón de ser después de la reconstrucción del terremoto de 1985, este impuesto verde no mejorará la calidad de nuestro aire. Ambos casos por la misma razón: se establece un impuesto con un objetivo en el papel, pero otro en la práctica. Buena idea, mala implementación.

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