Los Verdes se reunieron con Ministro Badenier y criticaron las medidas de agilización de inversiones anunciadas por el gobierno

En la cita los dirigentes del Partido Ecologista Verde (PEV) manifestaron sus aprensiones en relación a que estas medidas signifiquen el debilitamiento de la Ley y las normativas ambientales

Según las palabras del presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González, la petición del presidente de la SOFOFA, Herman Von Mühlenbrock, hecha a la presidenta Bachelet, en el sentido de “agilizar” los grandes proyectos energéticos como termoeléctricas, represas y proyectos mineros y no permitir que se judicialicen por “minorías vociferantes”, preocupa hoy al mundo ecologista.

La reunión se desarrolló este lunes en el Ministerio de Medio Ambiente, y en la ocasión Los Verdes, le manifestaron al ministro su opinión y análisis sobre las medidas anunciadas, que a juicio de la colectividad hacen énfasis en la necesidad de aumentar la velocidad de aprobación de proyectos sin un paralelo o medidas complementarias para el resguardo del medio ambiente y la calidad de vida de la población. En la cita, los dirigentes ecologistas le demandaron al gobierno que incorpore medidas como el aumento de las capacidades técnicas evaluadoras y de fiscalización de los servicios públicos vinculados en este proceso, indicando que de lo contrario, únicamente se debilita la normativa, en cuanto a la evaluación y aprobación de proyectos, lo que genera un escenario propicio para una mayor vulneración de los derechos ciudadanos y el deterioro ambiental, menoscabando la normativa vigente.

Así también, en la voz de su vicepresidente, Cristian Villarroel, Los Verdes manifestaron su molestia sobre los pronunciamientos de diversos ministros, en relación a proyectos cuestionados ciudadanamente, como es el caso de iniciativas mineras y eléctricas, e hicieron referencia explícita al rol del los ministros de Energía y Hacienda en el polémico proyecto Alto Maipo, precisando que si bien el proyecto cuenta con una resolución de calificación ambiental aprobada, aún posee varias causas judiciales pendientes, por lo que consideran que el pronunciamiento del gobierno en esta materia es una defensa corporativa ilegitima”. Así también se mencionaron otras iniciativas como Bocamina II en Coronel, de la trasnacional ENDESA, que se encuentra con RCA aprobada y esta paralizada por una resolución judicial.

González señaló que “además del insulto que significa que quien dirige la SOFOFA se refiera a nosotros y a las comunidades que se defienden de la contaminación como minorías vociferantes, preciso que si los proyectos están paralizados es porque son malos y si son malos y contaminantes no son buenos para el país y la ciudadanía.”

En la cita también participo el Vicepresidente de la colectividad, Rodrigo Cerda quien hizo una llamado a la ciudadanía a seguir con atención este proceso y precisó las observaciones de la colectividad, manifestando su queja al gobierno sobre la “forzada agilización de proyectos“, en los siguientes puntos:

  1. Se percibe un énfasis notorio en inhibir la actuación de las autoridades regionales, seremis e intendentes, al constreñirlos en la interpretación que solo a ellos corresponde de sus competencias legales en las evaluaciones ambientales (puntos 1,2,6 y 7 de las medidas de gestión).
  2. Existe un trato discriminatorio donde abiertamente se privilegia a los proyectos mineros y de centrales termoeléctricas e hidráulicas, en desmedro de otros proyectos, como de generación solar, eólica o geotérmica (punto 4 medidas de gestión)
  3. Se busca imponer plazos perentorios a los servicios para despachar sus pronunciamientos ambientales (puntos 2 y 5 de las medidas de gestión y 3 de las medidas de cambio normativo), sin ninguna medida paralela que apunte a fortalecer sus capacidades resolutivas. Ello solo puede redundar en el aumento de las aprobaciones apresuradas y sin un adecuado estudio, toda vez que para aprobar no se necesitan mayores fundamentos, pero sí para rechazar.
  4. No existe ninguna medida que apunte a aumentar las capacidades fiscalizadoras de los servicios públicos, lo que resulta esencial dada la precariedad de dicho ámbito en la gestión pública chilena. Aumentar la velocidad de aprobación de proyectos sin un paralelo aumento de las capacidades fiscalizadoras solo puede redundar en mayor deterioro ambiental de nuestro país.

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